Chiapas: lo rural en tiempos de lo neoliberal

Radio Proletaria Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 23 de septiembre del 2014

Por: J. Javier Guillén Villafuerte/ A principios de la década de 1980 México sufrió una de las crisis económicas más graves de su historia. Después de vivir el gran auge petrolero que sobrevino al descubrimiento y la explotación de los yacimientos del sureste, los precios internacionales del crudo cayeron, sumiendo al país en una profunda crisis financiera. De la noche a la mañana, el gobierno de José López Portillo (1976-1982) no tuvo manera de pagar las enormes deudas contraídas en el extranjero y en consecuencia, la banca internacional cortó el financiamiento al país.

Para poder salir de la crisis, México tuvo que contraer nuevos préstamos, pero a cambio, se comprometió con los grandes organismos financieros internacionales (como el Banco Mundial o el FMI) a poner en marcha una serie de medidas económicas “liberalizadoras”. A grandes rasgos, estas reformas contemplaban que el Estado vendiera sus empresas; que permitiera al sector privado invertir en las áreas hasta ese momento reservadas para el sector público; que quitara los candados para la inversión directa en cada rama de la economía; que eliminara los subsidios a sus productores; y que abriera sus fronteras al mercado internacional por medio de la reducción de las cuotas arancelarias.

La reforma salinista al artículo 27 constitucional de 1992, que frenó el reparto agrario y posibilitó la comercialización y privatización del ejido, significó un verdadero tiro de gracia a miles de campesinos que aún esperaban un pedazo de tierra para trabajarla.

En 1986, México se integró al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), comprometiéndose a eliminar los precios oficiales de referencia y a reducir el arancel máximo a 50%. En 1993, Estados Unidos, Canadá y México, firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el cual nuestro país se propuso abrir gradualmente sus fronteras a los productos agrícolas de nuestros vecinos del norte. Las consecuencias para México no se hicieron esperar. En unos cuantos años, la superficie cultivada con granos básicos, como el maíz, el arroz, el trigo, la soya y el frijol disminuyó o se estancó. El gasto público para el campo se redujo en un 53% de 1990 al 2003 y el crédito para las actividades del campo se contrajo en más del 50%.

En Chiapas, el impacto de las políticas de liberalización económica ha variado de región en región; sin embargo, es posible trazar un panorama general de la situación que viven los campesinos en el estado. Al iniciar el decenio de 1990, Chiapas presentaba alrededor del 30% del rezago agrario de todo el país, por lo tanto, la reforma salinista al artículo 27 constitucional de 1992, que frenó el reparto agrario y posibilitó la comercialización y privatización del ejido, significó un verdadero tiro de gracia a miles de campesinos que aún esperaban un pedazo de tierra para trabajarla.

En esos mismos años, los precios internacionales del café, principal cultivo de exportación en el estado, cayeron, afectando fuertemente a los productores del aromático de las regiones Selva, Frailesca y sobre todo, Soconusco, que desde la segunda mitad del siglo XIX se había caracterizado por ser el polo de crecimiento más dinámico de Chiapas, atrayendo a jornaleros temporales de la región Altos y de Guatemala. Frente a la crisis en el sector cafetalero, miles de campesinos, principalmente indígenas, vieron desaparecida una de sus principales fuentes de ingreso. En la región Frailesca, llamada “el granero de Chiapas”, la entrada de maíz importado de los Estados Unidos generó problemas severos a los productores y también contribuyó a la perdida de fuentes de empleo para varios cientos de chiapanecos que acudían a ella como jornaleros. El panorama en el resto de las regiones en las que se divide el estado no dista mucho del aquí expuesto.

A veinte años de la instrumentación del libre comercio con América del Norte, el balance para Chiapas es desolador. La productividad del campo ha disminuido en casi el 50% y la superficie cultivada también lo ha hecho; hoy en día, se calcula que la mitad de las tierras cultivables del estado están abandonadas.

A los problemas ocasionados por la entrada en vigor del TLC con América del Norte, se agregaron las limitaciones internas del sector rural en el estado, siendo principalmente cinco los factores que incidieron en el estallido de la crisis: la imposibilidad de seguir expandiendo la frontera agrícola y ganadera; el agotamiento de las superficie cultivada; la explosión demográfica entre el campesinado; la falta de fuentes de empleo alternativas al trabajo agrícola; y desde luego, la indiferencia gubernamental.

A veinte años de la instrumentación del libre comercio con América del Norte, el balance para Chiapas es desolador. La productividad del campo ha disminuido en casi el 50% y la superficie cultivada también lo ha hecho; hoy en día, se calcula que la mitad de las tierras cultivables del estado están abandonadas debido a la baja rentabilidad de las actividades agrícolas. En este mismo sentido, la crisis en el sector rural ha orillado a miles de campesinos e indígenas a migrar ya sea a otras ciudades de México como Cancún, Villahermosa o el Distrito Federal, o a cruzar la frontera con los Estados Unidos para trabajar como “ilegales”, sobre todo en la agricultura y en la industria de la construcción. Las remesas que envían los migrantes se han convertido en la principal fuente de ingresos de varias comunidades, donde ya sólo quedan mujeres, niños y ancianos.

El actual gobierno federal se ha embarcado en una aventura mucho más neoliberal que sus antecesores y ha abierto de par en par las arcas de la riqueza nacional al capital transnacional, poniendo en grandes aprietos a miles de campesinos al aprobar una legislación que permite la expropiación de tierras.

En el momento en el que escribo estas líneas la desarticulación de la economía campesina sigue sin freno. Para empezar, el actual gobierno federal se ha embarcado en una aventura mucho más neoliberal que sus antecesores y ha abierto de par en par las arcas de la riqueza nacional al capital transnacional, poniendo en grandes aprietos a miles de campesinos al aprobar una legislación que permite la expropiación de tierras en caso de que éstas se hallen en zonas con presencia de hidrocarburos. Chiapas figura en la lista de los estados que pueden ser afectados por esta reforma. En el ámbito local, el gobierno estatal sigue teniendo oídos sordos ante las demandas de los miles de agricultores que piden a gritos su ayuda, y los pocos e insuficientes programas de apoyo al campo se reducen a un proselitismo político que no busca superar la crisis; busca votos.